Dólares del colchón y discrepancia significativa: qué podés hacer, qué se paga igual y hasta cuándo tenés tiempo

Mucho se habla de los “dólares del colchón” y de la posibilidad de incorporarlos al sistema sin que ARCA los cuestione. Con la Ley 27.799 de Inocencia Fiscal y la reforma que se discute en 2026, el escenario cambió de manera relevante. Pero también se instaló una confusión que conviene desarmar antes de mover fondos: el nuevo marco facilita el uso de ahorros no declarados, no habilita a tributar de menos.

El punto de partida no cambió: ARCA no se concentra en el origen puntual de cada billete, sino en si tu patrimonio es coherente con lo que declaraste y con tu nivel de consumo. Cuando el patrimonio crece más de lo que los ingresos declarados pueden explicar, aparece lo que técnicamente se denomina incremento patrimonial no justificado. Frente a eso, la Ley 11.683 habilita una presunción: esa diferencia se toma como ganancia y como ventas no declaradas, con impacto en IVA, intereses y multa.

Un aspecto que suele pasarse por alto es temporal. El incremento no justificado se imputa al período en que se exterioriza, no al año en que se habría generado. Por eso la idea de que “no pueden revisar para atrás” es, bajo el criterio general, equivocada: cuando los fondos ingresan al circuito formal, la inconsistencia se manifiesta en el ejercicio corriente.

Sobre esa base, el régimen simplificado de Ganancias —ya vigente— introduce un cambio práctico importante: el contribuyente adherido deja de justificar la evolución de su patrimonio e informar consumos, y concentra su declaración en la renta del período. La propia Ley 27.799 ya define cuándo una diferencia es “significativa”. La reforma en discusión no crea ese concepto, sino que lo modifica en un sentido más protector: mientras el texto original alcanzaba con que la diferencia superara el 15% de lo declarado o un monto elevado, el proyecto exige que se superen, en forma conjunta, el 15% y un piso económico equivalente al 5% del monto de la evasión simple del Régimen Penal Tributario (hoy, del orden de $5 millones). Además, coloca la carga de la prueba en cabeza de ARCA.

Acá aparece la confusión más extendida, y conviene ser categórico: “conservar el beneficio” no significa que la diferencia no se pague. Si ARCA detecta una diferencia, esa diferencia se ajusta y se paga igual, con sus intereses. Lo que define el umbral de la “discrepancia significativa” es otra cosa: si, además, se habilita la revisión de períodos anteriores y la exclusión del régimen. Por debajo del umbral, se abona la diferencia del período pero se mantiene el régimen y no se abre el pasado; por encima, se pierde ese resguardo. En síntesis, el beneficio es que no se revise hacia atrás, no un margen de evasión tolerado.

Un ejemplo ayuda a dimensionarlo. Si una persona factura el equivalente a unos USD 24.000 al año y pretende depositar USD 400.000, la cifra no cierra: juntarla ahorrando exigiría más de quince años guardando la totalidad de lo facturado, sin gastos ni consumo. Con el régimen nuevo, el depósito por sí mismo deja de ser el disparador del ajuste; pero el resguardo se sostiene siempre que la propia declaración del período, correctamente armada, no arroje por sí sola una diferencia significativa. Por eso el orden importa: primero se revisa y se ordena la declaración, y recién después se evalúa cualquier movimiento.

También hay que tener presente que la posibilidad de incorporar fondos no declarados al circuito formal tiene una fecha de cierre prevista: el 31 de diciembre de 2027. No se trata de un mecanismo permanente ni de algo que pueda repetirse cada año, sino de una ventana por tiempo limitado. A su vez, la permanencia en el régimen exige ratificar anualmente el cumplimiento de los requisitos.

El nuevo marco tampoco resuelve todo. Las obligaciones de prevención de lavado siguen vigentes y son independientes de ARCA: un depósito de magnitud puede generar un reporte por esa vía. Si ya existe una inspección iniciada, la adhesión no la frena. Y cuando hay documentación apócrifa o inconsistente, el resguardo no aplica. Son capas de control que conviven y que no se desactivan entre sí.

Importante: una parte de lo descripto —en particular la modificación de los umbrales de la “discrepancia significativa”, la carga de la prueba y el tratamiento de los depósitos— corresponde a una reforma aún en discusión, que puede modificarse antes de su sanción. La Ley 27.799 ya rige; lo que está en debate es el ajuste de estos criterios, cuya precisión operativa dependerá del texto definitivo.

En Estudio Contable GS abordamos estos casos con un criterio práctico: ordenar primero, analizar el caso con números concretos y proyectar después. La diferencia entre regularizar con tranquilidad o exponerse a un ajuste depende del armado de la declaración, de la coherencia patrimonial y de actuar dentro de los plazos vigentes. Cada situación se evalúa en función de la actividad, el encuadre fiscal y los objetivos del contribuyente.